El desvío de recursos no es algo nuevo para los isleños, sus últimos mandatarios, Aury Guerrero y Ronals Housni, salieron del cargo con investigaciones por celebración indebida y concierto para delinquir agravado. Hoy ambos están condenados a 14 y 15 años de prisión. La Fiscalía comprobó que pedían a los contratistas hasta el 10% del monto negociado, equivalente a $9.000 millones de pesos, un valor similar al utilizado durante la cuarentena por el gobernador actual.
Según (SECOP), el Gobernador Everth Hawkins, en los últimos tres meses ha firmado 19 órdenes de prestación de servicios, por $492 millones de pesos, para la redacción de comunicados, monitoreo de medios y servicios audiovisuales. Además, desde marzo hasta el 8 de junio, Hawkins ha suscrito 16 contratos por $9.702 millones de pesos.
Pero, ¿dónde está todo ese dinero, si actualmente su sistema de salud y económico está al borde de la quiebra y por qué la Fiscalía lo citó a interrogatorio ante la Corte Suprema de Justicia por supuestos malos manejos de dinero durante la pandemia?
¿Y el hospital?
Hospital Clarence Lynd Newball. Foto: Alerta Caribe
A pesar que la actual administración, ha invertido la mayor parte de recursos en la compra de equipos e insumos sanitarios y la adecuación del sótano del hospital, con el fin de convertirlo en una unidad de cuidados intensivos (UCI), equivalente a $1.468 millones de pesos, resulta contradictorio que mientras la isla afronta la crisis de salud más grande de su historia, los equipos médicos siguen guardados en una bodega.
Sin contar que la isla tiene una cama de cuidados intensivos por cada 8.854 habitantes, según la proyección del DANE, de casi 80.000 isleños para este año.
Llegando a este punto, en Providencia y Santa Catalina, dos islas ubicadas a tres horas o 20 minutos en avioneta, solo cuentan con un centro médico local, cuya infraestructura es similar a un puesto de salud de barrio.
Desde el mes de septiembre Everth Hawkins, gobernador de San Andrés, se encuentra en
prisión domiciliaria, ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá.
¿Y la plata?
La administración junto con el secretario de Salud, Julián Davis Robinson, firmaron la compra de ventiladores, tensiómetros y monitores de signos vitales, por $3.524 millones de pesos. Lo curioso es que dos meses más tarde, gracias a una denuncia ciudadana por posibles sobrecostos, la cifra bajó a $803.048.959 pesos.
En una revisión, la Contraloría descubrió diferentes valores por los elementos que serían comprados, como lo son:
- El valor de los 25 monitores de signos vitales por unidad equivale a $8.743.623 pesos y no $13.812.500 pesos, como el gobernador los había negociado.
- Dos carros para el transporte de medicamentos cuestan $8.355.943 pesos y no $12.070.000 pesos.
- Dos desfibriladores, fueron cotizados por la Contraloría por $39.932.966 pesos, mientras que la administración pretendía pagar $64.553.250 pesos.
Esto solo demuestra, los altos niveles de corrupción en la isla, que si le sumamos una pandemia más una catástrofe, debió al huracán Iota de categoría 5, el panorama es aún más desalentador para sus habitantes, porque pueda que en este momento el gobierno esté haciendo lo posible para ayudar a los pobladores, pero la corrupción seguirá siendo el verdadero problema no solo en San Andrés y Providencia, sino en el resto del país.
*Fuente: Liga Contra el Silencio
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