¿Un delito sin fundamentos?

 “Los derechos a la integridad personal y vida privada conllevan libertades, entre las que se encuentran la libertad sexual y el control del propio cuerpo”

-Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para unos cometer un delito es sinónimo de quebrantar la ley o cometer actos que van en contra de los valores sociales, pues bien, tal parece que decidir sobre nuestros propios cuerpos lo es, al ser obligadas a parir por un estado patriarcal, que tiene como prioridad cero la salud reproductiva de niñas, jóvenes y mujeres colombianas.

¿Por qué sucede esto?

Colombia es un país de muchas posibilidades o mejor conocido como el ‘país del sagrado corazón’, en el que hasta lo imposible es posible, así como la dilatación y/o barreras judiciales para miles de niñas menores de 14 años, a quienes se les han negado el acceso a los servicios esenciales de salud reproductiva, enfrentándose a una nueva revictimización social, familiar y estatal, vulnerando los derechos que tanto defienden los mandatarios.

A pesar que el Comité de los Derechos del Niño, recomienda al estado colombiano implementar estrategias para reducir la mortandad materna en adolescentes y niñas, prestando los servicios de salud reproductiva y sexual como: anticoncepción de emergencia, atención prenatal, durante y después del parto, como el servicio de aborto sin restricciones.

Sin contar que el Comité CEDAW, realizó un énfasis al estado, en velar por las mujeres, niñas rurales y remotas de las comunidades indígenas, afrocolombianas y con discapacidad, para que puedan acceder a un servicio de salud de alta calidad.

¿Pero qué dicen las cifras?

Según la Fiscalía General de la Nación, desde el 16 de marzo al 6 de abril del año 2020, 19 mujeres fueron víctimas de feminicidio, a esto se le suman 3.069 denuncias de violencia intrafamiliar, de las que 1.407 correspondían a delitos sexuales.

Además de la advertencia por parte de la Defensoría del Pueblo, frente al aumento de casos de violencia sexual en zonas rurales, quien afirmó que, “las mujeres, niñas y adolescentes en zonas rurales, con alta disputa de vulnerabilidad socioeconómica exacerban los efectos victimizantes”.

Dejando en claro, un olvido inminente por parte de las instituciones, en quienes resulta inseguro confiar, al no cumplir con las mismas sentencian que discuten y aprueban. Cabe señalar que en 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos:

1.         Cuando exista un riesgo para la vida o la salud de la mujer, incluyendo afectaciones a su salud mental.
2.         Cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.
3.          Cuando el feto es inviable.

En dicho documento se afirma que debe proveérseles a niñas menores de 14 años información completa y veraz sobre el procedimiento y debe respetarse su decisión, incluso si sus padres o tutores no están de acuerdo.

Entonces, ¿Qué pasó con Juliana?

Vivía con sus padres, era hija única y estudiaba en un colegio católico, todos en el barrio decían que “debería ganarse una beca”. No sabemos si alguien le habló o la educaron en su salud sexual y reproductiva.

Con su novio de “toda la vida”, también de 16 años, creían que, si tenían relaciones de pie, ella no quedaría en embarazo. Lamentablemente, los mitos hacia los métodos de planificación resultaron en un embarazo adolescente.

Cuando llega a su primer control, nadie le habla de sus opciones y pues “toca” seguir adelante, sumándole una crisis en el hogar, ya que los padres de Juliana como muchos otros padres colombianos decían: “quien le manda meter las patas” o “con el ojo por fuera no hay Santa Lucía que valga”, esto solo significaría una cosa, debía continuar con su embarazo.

A las 22 semanas, le realizan un examen de control prenatal al feto de espina bífida y mielomeningocele, pues lo más probable es que tuviese un defecto del cierre de la columna, afectando el sistema nervioso central.

En ese momento – y aún hoy- el acceso a una cirugía fetal es limitado y cuando el doctor le llegó hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, dicha complicación no era propiamente una malformación fetal incompatible con la vida, por lo tanto, no le permitieron solicitarla.

Juliana cuenta, que nadie le explicó realmente que tenía su bebé de manera que ella lo tendría.

Finalmente nace su bebé por cesárea, se atiende en alta complejidad, le realizan en su primer año múltiples cirugías y en una de ellas se complica por meningitis, convulsiona y queda con un severo daño neurológico. Su hijo no come solo, tiene gastroenteritis, no habla ni camina.

De este caso ya han pasado ocho años, su novio de “toda la vida” los abandona en el segundo año. Ella tiene demandada a la EPS por terapias, pañales, alimentación enteral, pero en ocasiones debe poner una tutela.

Con todo esto, no terminó el colegio, no ha logrado trabajar, no consigue quien le cuide al niño, que constantemente está hospitalizado.

Este solo es uno de los miles de casos que suceden en Colombia, un país donde la maternidad es asumida en la mayoría por la madre, sin poder ejercer la autonomía de sus decisiones o deseos con relación a su maternidad.

Ahora bien, por si estos casos no fuesen suficientes, para que todas las mujeres podamos acceder a un aborto, legal y seguro a continuación se mencionan algunas razones que nos responderán a la pregunta: ¿El aborto es un delito sin fundamentos?

Con la legalización del aborto se podrá:

·        Evitar las muertes o secuelas físicas y psicológicas en las niñas y adolescentes, asociadas a la realización de abortos inseguros.

·         Disminuiría el número de maternidades no deseadas en niñas y adolescentes, quienes suelen ser criminalizadas por abortar, al no contar con acceso a información clara y completa con respecto a su salud reproductiva.

·       Se protegería adecuadamente a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, evitando una revictimización por parte de los entes institucionales al ser tratadas como criminales, incluso de encontrarse las causales del embarazo.

En este punto, es oportuno aclarar que la legalización del aborto en Colombia, no significará que cualquier mujer tendrá la libertad absoluta de abortar cuando y como quiera – como suelen pensar algunos-.

Al contrario, la despenalización del aborto marcará un antes y después con relación a los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres a las que una sociedad castiga, señala y decide sobre cuerpos ajenos, segados por su ignorancia, en medio de un ambiente egoísta, donde se pone por encima la decisión de un padre muchas veces ausente e irresponsable.

En este punto, es posible entender por qué tipificar el aborto como un delito no tiene los fundamentos suficientes para continuar aumentando el número de maternidades obligadas, que no cuentan con ninguna garantía o por lo menos un poco de empatía por parte de las instituciones, cuyo interés actual, es justificar sus grandes logros, mientras cientos de mujeres son encarceladas por decidir.